Herramientas para la gestión de los Riesgos Psicosociales en el Sector Educativo

Documentación del proyecto

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Obligación legal del centro y del profesorado en la materia

En primer lugar, no podemos olvidar que con base en el artículo 1903 del Código Civil, “las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias.

La responsabilidad de que trata este artículo. CESARÁcuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.” Por tanto, se podría dar el caso, y de hecho se produce, de que los representantes legales del alumno exigieran la responsabilidad civil del centro por los daños sufridos por el menor.

Igualmente, el artículo 13 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, prevé que “toda persona o autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o a sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio que precise.”

Por esta razón, es importante implantar protocolos de actuación contra el bullying, no sólo por tratar de evitar el sufrimiento injusto e innecesario de jóvenes desprotegidos, sino para, además, evitar responsabilidades legales derivadas del incumplimiento de la normativa anteriormente citada.

En casos de bullying, el centro debería demostrar que ha actuado de forma diligente y ha hecho lo necesario para evitar este tipo de situaciones.


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